| 01 Julio 2009
El proceso electoral resultado de una estrategia de Estado
--- La lucha contra el crimen organizado. Carnada del voto ciudadano
--- La lucha contra el crimen organizado. Carnada del voto ciudadano
Una semana mas de sobresaltos e información sobre la conducta que se despliega en el ámbito político, acrecentados en el momento que precede a un cierre de campañas y de actos de propaganda electorales, con vista a la fecha de la elección del próximo cinco de julio que renovará a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
No cabe duda de que, el proceso político en puerta, se inserta en el programa de gobierno federal y sus prioridades, de manera tal que, las campañas propagandísticas de las diversas tendencias y corrientes políticas, la han venido sustentando en los esquemas y acciones de gobierno, de acuerdo a la pertenencia de los actores a un partido o, en su caso, de sus organizaciones satélites, aún de naturaleza civil que parecen reactivarse por este motivo y hacen gala de las contradicciones en nos desenvolvemos los mexicanos.
El monopolio de la política en manos de los partidos, así como de la difusión de los mensajes de promoción y múltiples prohibiciones, las restricciones constitucionales y legales, para acceder a las candidaturas y desarrollar las campañas, imposibilitan hasta la fecha, que se garanticen los postulados constitucionales en materia de política electoral, previstos en el artículo 41 de la Constitución Federal, es más, parece que nuestro sistema opera al revés en la praxis político-electoral, simulamos la legalidad de actos del proceso de elección y se llevan a cabo materialmente en desapego a la ley e incluso a la Constitución.
Los principios constitucionales en materia electoral, en esencia señalan: a) El principio de legalidad, es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; b) El principio de imparcialidad, consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; c) El principio de objetividad, obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma; d) El principio de certeza, consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.
La ley que deriva de tales principios y del marco constitucional, se desglosa a su vez, en una serie de ordenamientos reglamentarios, acuerdos y criterios jurisdiccionales que constituyen una maraña que obstaculiza el desarrollo de un proceso más cercano a la democracia formal. La visión del ciudadano sobre el aspecto de la legalidad, es de desconfianza y la publicidad magnifica las infracciones de todos los actores y del propio gobierno federal, al ordenamiento electoral e incluso, se imputa parcialidad al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación como última instancia de control sobre la observancia de la ley, es decir, no contamos con un sistema jurídico que nos garantice a los ciudadanos el estricto apego a las disposiciones de la Ley. La falta de legitimidad del mismo, hace nugatorio el principio de legalidad en la materia electoral y fractura de entrada el ejercicio democrático.
Los órganos de las autoridades electorales y jurisdiccionales, están siendo severamente cuestionados en la toma de decisiones relacionadas con la aplicación de la ley, porque anteponen criterios de solución, en asuntos de trascendencia electoral, basados en el interés político del gobierno federal en turno y, consecuentemente, del Partido Acción Nacional que, al estilo de lo que crítica, aplica las mismas reglas como si fueran para un evento derivado de una declaración de guerra. Los lineamientos derivados de esas reglas no escritas que se hacen llegar por medio de la Secretaria de Gobernación, están operando en todos sus niveles.
Veamos un ejemplo, el garrote de la procuración de justicia, actúa con eficacia y oportunidad, como en el caso de Michoacán y, desde luego, esta acción afecta la campaña electoral mayoritariamente del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en beneficio desde luego, de los candidatos del Partido Acción Nacional. Estos factores fracturan el principio de imparcialidad, al inducir la desconfianza hacia sus candidatos, tornándolo, en su aplicación, favorable para la tendencia del partido en el gobierno.
Los principios de objetividad y certeza, como se ha señalado, sustentados en un sistema de desconfianza en el ciudadano, los partidos y el gobierno, producen en su ejercicio, efectos contrarios; la maraña jurídica, consecuencia de las ultimas reformas constitucionales y legales, no han evitado situaciones conflictivas, las han agudizado y complicado en su solución, en todas la etapas del proceso electoral, lo estamos viviendo diariamente, no se puede transitar a la objetividad que legitime el cumplimiento de ese principio; como consecuencia, no hay certeza, al no conocerse la existencia de reglas simples y no complicadas, como las emitidas en la última reforma, inentendibles algunas de ellas y de obscura, ambigua e imprecisa interpretación, es decir, no se trata de reglas claras, tienen semejanza con las que emiten los bancos en los contratos de crédito para calcular los diversos intereses que se causa.
Lo anterior, ha derivado en la confianza, pues este proceso electoral federal, se ha ido construyendo desde el inició de la administración del Presidente Calderón, bajo una estrategia de imagen de gobierno que no se ha consolidado hasta la fecha, sustentada en una “acción”, lamentablemente costosa en vidas y en recursos públicos para los mexicanos. La guerra, así denominada en contra de la delincuencia organizada, no ha servido a la gran mayoría del pueblo mexicano, más bien ha resultado el gran sacrificado, en aras de una bandera para uso electoral que en estos momentos ondea a toda asta en la propaganda del Partido Acción Nacional; la pregunta que surge es ¿Qué beneficio se han derivado de estas acciones en provecho de la disminución de la pobreza, del empleo, de la salud, del orden, paz y tranquilidad públicas, de la unidad nacional, entre otras cuestiones? ¿Los operativos militares y policiales en las entidades intensificadas en este periodo, responden al ejercicio de una real lucha contra el crimen o son instrumentos de intimidación política? Parece que la campaña electoral empezó, para Acción Nacional, desde los operativos militares y, el garrote ha funcionado con celeridad y puntualidad, como base de quebrar voluntades y apoyos, para volver a una elección de estado violatoria de los principios que rigen en materia electoral.
No cabe duda de que, el proceso político en puerta, se inserta en el programa de gobierno federal y sus prioridades, de manera tal que, las campañas propagandísticas de las diversas tendencias y corrientes políticas, la han venido sustentando en los esquemas y acciones de gobierno, de acuerdo a la pertenencia de los actores a un partido o, en su caso, de sus organizaciones satélites, aún de naturaleza civil que parecen reactivarse por este motivo y hacen gala de las contradicciones en nos desenvolvemos los mexicanos.
El monopolio de la política en manos de los partidos, así como de la difusión de los mensajes de promoción y múltiples prohibiciones, las restricciones constitucionales y legales, para acceder a las candidaturas y desarrollar las campañas, imposibilitan hasta la fecha, que se garanticen los postulados constitucionales en materia de política electoral, previstos en el artículo 41 de la Constitución Federal, es más, parece que nuestro sistema opera al revés en la praxis político-electoral, simulamos la legalidad de actos del proceso de elección y se llevan a cabo materialmente en desapego a la ley e incluso a la Constitución.
Los principios constitucionales en materia electoral, en esencia señalan: a) El principio de legalidad, es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; b) El principio de imparcialidad, consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; c) El principio de objetividad, obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma; d) El principio de certeza, consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.
La ley que deriva de tales principios y del marco constitucional, se desglosa a su vez, en una serie de ordenamientos reglamentarios, acuerdos y criterios jurisdiccionales que constituyen una maraña que obstaculiza el desarrollo de un proceso más cercano a la democracia formal. La visión del ciudadano sobre el aspecto de la legalidad, es de desconfianza y la publicidad magnifica las infracciones de todos los actores y del propio gobierno federal, al ordenamiento electoral e incluso, se imputa parcialidad al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación como última instancia de control sobre la observancia de la ley, es decir, no contamos con un sistema jurídico que nos garantice a los ciudadanos el estricto apego a las disposiciones de la Ley. La falta de legitimidad del mismo, hace nugatorio el principio de legalidad en la materia electoral y fractura de entrada el ejercicio democrático.
Los órganos de las autoridades electorales y jurisdiccionales, están siendo severamente cuestionados en la toma de decisiones relacionadas con la aplicación de la ley, porque anteponen criterios de solución, en asuntos de trascendencia electoral, basados en el interés político del gobierno federal en turno y, consecuentemente, del Partido Acción Nacional que, al estilo de lo que crítica, aplica las mismas reglas como si fueran para un evento derivado de una declaración de guerra. Los lineamientos derivados de esas reglas no escritas que se hacen llegar por medio de la Secretaria de Gobernación, están operando en todos sus niveles.
Veamos un ejemplo, el garrote de la procuración de justicia, actúa con eficacia y oportunidad, como en el caso de Michoacán y, desde luego, esta acción afecta la campaña electoral mayoritariamente del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en beneficio desde luego, de los candidatos del Partido Acción Nacional. Estos factores fracturan el principio de imparcialidad, al inducir la desconfianza hacia sus candidatos, tornándolo, en su aplicación, favorable para la tendencia del partido en el gobierno.
Los principios de objetividad y certeza, como se ha señalado, sustentados en un sistema de desconfianza en el ciudadano, los partidos y el gobierno, producen en su ejercicio, efectos contrarios; la maraña jurídica, consecuencia de las ultimas reformas constitucionales y legales, no han evitado situaciones conflictivas, las han agudizado y complicado en su solución, en todas la etapas del proceso electoral, lo estamos viviendo diariamente, no se puede transitar a la objetividad que legitime el cumplimiento de ese principio; como consecuencia, no hay certeza, al no conocerse la existencia de reglas simples y no complicadas, como las emitidas en la última reforma, inentendibles algunas de ellas y de obscura, ambigua e imprecisa interpretación, es decir, no se trata de reglas claras, tienen semejanza con las que emiten los bancos en los contratos de crédito para calcular los diversos intereses que se causa.
Lo anterior, ha derivado en la confianza, pues este proceso electoral federal, se ha ido construyendo desde el inició de la administración del Presidente Calderón, bajo una estrategia de imagen de gobierno que no se ha consolidado hasta la fecha, sustentada en una “acción”, lamentablemente costosa en vidas y en recursos públicos para los mexicanos. La guerra, así denominada en contra de la delincuencia organizada, no ha servido a la gran mayoría del pueblo mexicano, más bien ha resultado el gran sacrificado, en aras de una bandera para uso electoral que en estos momentos ondea a toda asta en la propaganda del Partido Acción Nacional; la pregunta que surge es ¿Qué beneficio se han derivado de estas acciones en provecho de la disminución de la pobreza, del empleo, de la salud, del orden, paz y tranquilidad públicas, de la unidad nacional, entre otras cuestiones? ¿Los operativos militares y policiales en las entidades intensificadas en este periodo, responden al ejercicio de una real lucha contra el crimen o son instrumentos de intimidación política? Parece que la campaña electoral empezó, para Acción Nacional, desde los operativos militares y, el garrote ha funcionado con celeridad y puntualidad, como base de quebrar voluntades y apoyos, para volver a una elección de estado violatoria de los principios que rigen en materia electoral.